La propuesta de facultades legislativas que el Gobierno de Keiko Fujimori presentará al Congreso incluye la posibilidad de legislar sobre diversos aspectos del régimen laboral, entre ellos la CTS, las gratificaciones, las vacaciones, la jornada laboral, las horas extras, las utilidades, los aportes previsionales y las modalidades de contratación.
La inclusión de estos temas generó preocupación entre organizaciones sindicales y partidos de oposición, que advirtieron sobre un eventual recorte de beneficios laborales mediante decretos legislativos.
Sin embargo, el Ejecutivo salió a descartar esa posibilidad.
Tanto la presidenta Keiko Fujimori como el jefe del Gabinete, Juan Sheput, aseguraron que la reforma no contempla eliminar beneficios laborales ni reducir los feriados, y señalaron que el propósito es actualizar el marco normativo para incentivar la formalización y mejorar la competitividad de las empresas.
El Gobierno sostiene que la reforma busca hacer más eficiente el mercado laboral sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, en línea con el compromiso asumido por la mandataria durante su Mensaje a la Nación, cuando anunció que las futuras políticas laborales reducirían la informalidad «sin afectar ningún derecho laboral».
Especialistas consultados en los últimos días coinciden en que el texto de la delegación de facultades sí habilita al Ejecutivo a legislar sobre estos temas. Sin embargo, advierten que el contenido definitivo de la reforma recién se conocerá cuando se publiquen los decretos legislativos, en caso el Congreso apruebe la delegación.
Por ello, aunque el proyecto comprende materias como CTS, gratificaciones y vacaciones, todavía no existe una propuesta oficial que plantee reducir esos beneficios. El debate gira ahora en torno al alcance que finalmente tendrán las facultades delegadas y a las medidas específicas que adopte el Ejecutivo una vez que cuente, de ser el caso, con esa autorización del Parlamento.
