Gobierno solicitará facultades para impulsar reformas económicas y laborales

Gobierno solicitará facultades para impulsar reformas económicas y laborales

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori solicitará al Congreso facultades legislativas por 120 días para aprobar un paquete de reformas económicas, tributarias, laborales y de modernización del Estado, con el objetivo de acelerar la reactivación económica y reducir la informalidad.

La solicitud amplía uno de los anuncios formulados durante el Mensaje a la Nación del 28 de julio. En su discurso, Fujimori adelantó que pediría facultades delegadas al Parlamento para atender, inicialmente, las emergencias por el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.

Tras la primera sesión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo confirmó que el pedido también comprenderá materias económicas y laborales, entre ellas cambios para promover la formalización, impulsar a las micro y pequeñas empresas (mypes), simplificar el sistema tributario, reducir barreras burocráticas y fortalecer la inversión privada.

En el ámbito laboral, el proyecto incorpora la posibilidad de legislar sobre temas como la compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, jornada laboral, horas extras, aportes a EsSalud, sistemas de pensiones, utilidades y modalidades de contratación.

No obstante, luego de que el contenido del proyecto generara cuestionamientos de sindicatos y diversos sectores políticos, tanto la presidenta Keiko Fujimori como el presidente del Consejo de Ministros, Juan Sheput, descartaron que el Gobierno tenga previsto eliminar beneficios laborales o reducir los feriados.

La mandataria sostuvo que la reforma busca modernizar la legislación laboral y fomentar la formalización sin afectar los derechos de los trabajadores, una línea que también fue planteada en su Mensaje a la Nación, donde anunció que impulsaría reformas tributarias y laborales «sin afectar ningún derecho laboral».

Además del componente laboral, el pedido de facultades comprende medidas para reorganizar los regímenes tributarios, facilitar la inversión privada, fortalecer el financiamiento de las mypes, impulsar la digitalización del Estado y simplificar los procedimientos administrativos.

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