Las recientes diferencias entre la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en torno al proceso electoral del 2026 han abierto un nuevo frente de tensión en el sector empresarial, con posibles efectos sobre las expectativas económicas y el clima de inversión.
Por un lado, la Confiep ha adoptado una postura más enfática respecto a la necesidad de garantizar estabilidad jurídica, disciplina fiscal y respeto al modelo económico, advirtiendo sobre los riesgos de propuestas que puedan alterar las reglas de mercado. En contraste, la CCL ha optado por un tono más institucional, centrado en promover la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático sin alineamientos explícitos.
Este contraste de mensajes refleja una falta de consenso dentro del empresariado, lo que podría traducirse en señales mixtas hacia inversionistas locales y extranjeros. En un contexto preelectoral, la claridad en las expectativas del sector privado suele ser clave para sostener decisiones de inversión, especialmente en sectores intensivos en capital.
Analistas coinciden en que la fragmentación del discurso empresarial puede elevar la percepción de riesgo país, afectando variables como el tipo de cambio, el costo del financiamiento y el ritmo de nuevos proyectos. La incertidumbre política, sumada a la desaceleración global, ya venía condicionando el desempeño de la economía peruana.
Asimismo, el debate público entre gremios empresariales podría influir en la agenda económica de los candidatos, quienes suelen recoger las demandas del sector privado en temas como reformas tributarias, impulso a la inversión y generación de empleo formal.
En ese sentido, el principal desafío será recuperar una voz articulada que permita al empresariado incidir de manera más efectiva en el debate electoral, reduciendo la volatilidad en las expectativas y contribuyendo a un entorno más predecible para la actividad económica de cara al 2026.
