La propuesta de poner topes a las tasas de interés vuelve a instalarse en el debate electoral como una fórmula para “abaratar el crédito”, pero especialistas advierten que el efecto puede ser el contrario: restringir aún más el acceso al financiamiento formal para los sectores de menores ingresos.
La columna de opinión “Te quiero pobre”, de David Tuesta en Perú21, sostiene que cuando el Estado interviene artificialmente en el precio del riesgo, las entidades financieras reducen la oferta de préstamos a los perfiles considerados más vulnerables. En la práctica, esto deja fuera del sistema justamente a quienes más necesitan financiamiento.
En el caso peruano, se advierte que este tipo de medidas ya habría contribuido a que más de medio millón de personas queden excluidas del sistema financiero formal, limitando su acceso a crédito para consumo, educación, emprendimiento o capital de trabajo.
El problema, añade el análisis, es que la demanda por financiamiento no desaparece. Por el contrario, quienes quedan fuera suelen desplazarse hacia circuitos informales mucho más agresivos, como préstamos no regulados o esquemas de “gota a gota”, donde las condiciones son más severas y los riesgos mayores.
El impacto final no solo se traduce en menos inclusión financiera, sino también en más informalidad, mayor vulnerabilidad económica y menor capacidad de enfrentar shocks, especialmente en un país como Perú, donde amplios segmentos de la población todavía no cuentan con historial crediticio sólido.
La advertencia central es que una regulación mal diseñada puede terminar generando el efecto opuesto al prometido: lejos de proteger a la población, encarece el acceso al crédito, empuja a los más pobres fuera del sistema y profundiza la exclusión.
